EGUNKARIA, Procés a un diari basc.

Llegiu la carta, comprendreu perquè no cal cap comentari de la meva part.

El jueves 20 de febrero de 2003, a la 1 de la madrugada, irrumpió la Guardia Civil en la comunidad de Loiolaetxea, cercana al actual noviciado de la Compañía en San Sebastián, para detener a nuestro compañero Txema Auzmendi, en ese momento Superior de la Comunidad. Registraron su habitación durante cuatro horas. Sobre las 6 de la mañana lo llevaron a la sede social del periódico Egunkaria –entonces único periódico en euskera– que acababa de ser clausurado por orden del juez. Allí incautaron numeroso material y documentación y dos horas más tarde, tanto él, en calidad de miembro del Consejo de Administración del periódico, como el resto de miembros del Consejo de Egunkaria fueron conducidos a Madrid.

Les aplicaron la Ley Antiterrorista y fueron sometidos a cinco días deincomunicación. Txema, semanas más tarde y en las noticias de la Provincia de Loyola, calificaba aquellos días de infernales, sin noción del tiempo, con ruidos constantes de puertas y chillidos, humillación continuada, sin poderse cambiar de ropa ni ducharse, con interrogatorios sucesivos a gritos, insultos y angustia permanente.

Terminados los cinco días los llevaron a declarar ante el juez. Txema se negó a declarar primero, al tercer día de la incomunicación, ante la guardia civil y una letrada de oficio a la que ni siquiera pudo saludar y después, al acabar la incomunicación, ante el juez Del Olmo por no permitir éste la presencia del abogado defensor. Aquello le supuso unas 3 semanas de cárcel en la prisión de Soto del Real, de la que salió, tras prestar declaración ante el juez instructor y acompañado por su abogado, y bajo fianza de 12.000 euros, además de una serie de medidas cautelares (firma semanal en el juzgado correspondiente, retirada del pasaporte y prohibición de salir del Estado sin permiso expreso del juez, etc.) nada desdeñables. Desde entonces se mantuvieron a espera del juicio, acusados de pertenencia a banda armada.

Txema relataba la fuerza interior y serenidad que le habían acompañado durante aquel tiempo, cómo había tratado de animar a sus compañeros, muchos de ellos con familia, y cómo siempre había encontrado paz en su conciencia. Se había sentido profundamente acompañado por el Señor.

El P. Auzmendi era ya entonces bien conocido por su compromiso y promoción de la lengua vasca, un servicio a la cultura que la Compañía ha cuidado desde sus inicios. De ahí su participación en Radio Loyola durante largos años, donde presentaba cuestiones eclesiales y sociales en euskera. Y también se había significado en defensa de la paz y del diálogo con una nítida oposición a la violencia.

Una buena parte de la sociedad vasca se movilizó en protesta por el cierre del periódico y defendió durante años la inocencia de los encausados. Sin embargo, hubo también quienes dudaron de ellos. El daño moral ya estaba hecho.

Pasaron los años. En diciembre de 2006, la Fiscalía de la Audiencia Nacional pidió el archivo de la causa, al no encontrar pruebas que los involucraran en delito alguno. Sin embargo, la causa no se archivó y desde entonces fue la acusación particular –por medio de Dignidad y Justicia y la AVT– la que se mantuvo hasta el juicio. Aún transcurrieron 3 años más para la celebración de la vista oral, que comenzó en diciembre de 2009.

El día 12 de abril pasado, siete años más tarde de la detención de los procesados y del cierre de un periódico, se ha hecho pública la sentencia de la Audiencia Nacional, completamente absolutoria: no hubo financiación de ETA; “las acusaciones no han probado que los procesados tengan la más mínima relación con ETA”; no se ha acreditado que el periódico Egunkaria haya defendido los postulados de ETA, ni “haya publicado un solo artículo a favor del terrorismo o de los terroristas”. El texto también señala que la suspensión provisional del diario “no tiene cobertura constitucional directa”. Indica que “la omnipresencia de ETA en la cultura vasca es una falacia interesada”. Afirma que las acusaciones han invertido el proceso, partiendo de la condena e infiriendo luego las señales o indicios.

Tristemente, también recoge que las denuncias de malos tratos y torturas son compatibles con los informes médico-forenses, pues “no hubo un control judicial suficiente y eficiente de las condiciones de la incomunicación”.

La sentencia de la Audiencia Nacional hace justicia, si bien aún queda la posibilidad del recurso ante el Tribunal Supremo y un segundo juicio por supuestas irregularidades económicas. Sin embargo, será muy difícil reparar el daño infligido a estas personas y a sus más allegados.

En nombre de la Compañía en este territorio de Loyola, deseo agradeceros a todos los que nos habéis acompañado estos duros años con la oración y muy especialmente a quienes os habéis señalado con presencias más comprometidas. Un apoyo inestimable. Y también deseo compartir con vosotros nuestro deseo de seguir trabajando por el

“reconocimiento y aprecio de las diferentes realidades culturales de nuestra sociedad, con especial interés por la cultura en euskera” (Cfr. Proyecto Apostólico Provincia de Loyola, 2005). Pidamos juntos al Señor la fuerza necesaria para seguir contribuyendo a hacer la paz, a rechazar la violencia, a acompañar a sus víctimas y a promover el diálogo como forma privilegiada de resolver los conflictos.

Juan José Etxeberria sj

Provincial de Loyola